“La libertad de expresión no se mendiga: se ejerce.”
Eduardo del Río “Rius”
¿Qué ocurre con la ética de un proyecto cultural cuando su viabilidad depende de excluir a alguien por presión institucional? ¿En qué momento el miedo a perder apoyos convierte a los gestores culturales en ejecutores involuntarios de censura? ¿Puede llamarse “política cultural” a un sistema que condiciona la participación de los creadores según su postura crítica?
La censura no siempre prohíbe: a veces administra el silencio.
En días recientes solicité participar en un evento cultural en un museo de la capital potosina. La propuesta había sido recibida con entusiasmo: en un entorno de homenaje a moneros locales, la intención era una instalación en torno a una colección personal de historieta mexicana por mi generada durante décadas, centrada en un personaje emblemático de nuestra cultura popular. Todo avanzaba con normalidad hasta que, en medio de los acuerdos logísticos, la comunicación se interrumpió por una llamada externa. Minutos después, la invitación se desmoronó.
Según me fue comunicado por los organizadores, la inclusión de mi nombre en el programa podía poner en riesgo la realización del evento y futuros apoyos institucionales. La advertencia provenía de “altos mandos” de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. No hubo oficio, no hubo argumento público, no hubo explicación formal. Solo una condición: si participaba, el proyecto peligraba.
No nombro a quienes me transmitieron esto. No por omisión, sino por convicción. Ellos también estaban —y están— colocados en una encrucijada: sostener un proyecto ciudadano o arriesgar su viabilidad frente a una institución de la que dependen espacios, permisos y apoyos. Exponerlos sería replicar la lógica de presión que aquí se intenta señalar.
Lo que está en juego, entonces, no es un caso individual, sino un mecanismo: una forma de censura que no prohíbe abiertamente, sino que condiciona. Que no firma documentos, pero establece límites. Que no sanciona de frente, pero administra el margen de lo posible.
No es la primera vez que mi trabajo se ve atravesado por este tipo de tensiones. En 2021 asumí la dirección general del Instituto Potosino de Bellas Artes. Permanecí en el cargo 45 días. No fui removido por mis opiniones públicas —como en su momento se sugirió—, sino por negarme a ejecutar una instrucción que consideré injustificable: el despido de trece personas del personal, sin causa clara, sin evaluación, sin fundamento.
Frente a esa exigencia, opté por hablar con cada una de ellas, entender su trabajo, su historia, su lugar en la institución. No encontré razón ética ni profesional para separarlas. La consecuencia fue inmediata: se me pidió la renuncia. La acepté. No había margen para ejercer una dirección cultural bajo condiciones que atentaban contra derechos laborales básicos y contra el sentido mismo de una institución pública.
A la par de estos episodios, hubo otra forma de presión menos visible pero igual de significativa: personas cercanas a mí, con trabajos dentro de instancias gubernamentales, comenzaron a recibir advertencias y cuestionamientos a partir de mis publicaciones críticas. No eran señalamientos directos hacia ellas, pero sí insinuaciones suficientes para poner en riesgo su estabilidad laboral. En más de una ocasión, esa presión me llevó a contener o posponer lo que habría querido expresar públicamente. No por falta de convicción, sino por la conciencia de que el costo ya no recaía solo en mí. A ello se suma una agresión directa a mi trabajo periodístico y de gestión: el medio que creé, LUMEN flujo Cultural, fue vulnerado y eliminado de la web en 2022, en un contexto en el que diversos espacios digitales de comunicación en el estado de San Luis Potosí, fueron igualmente atacados. No se trató solo de la pérdida de una plataforma, sino del intento de borrar un espacio de pensamiento y crítica construido a lo largo del tiempo.
Desde entonces, mi trabajo ha continuado por otras vías. La crítica, la escritura, la creación escénica, la gestión independiente. En estos años he recibido reconocimientos en crítica dancística, (1er. Y 2º. Lugar -2022 y 2025-) dentro del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López y, más recientemente, el Premio Estatal de Dramaturgia Manuel José Othón 2025. No son concesiones graciosas ni favores institucionales. Son resultado de procesos, de jurados, de trayectorias que no dependen de una línea de obediencia.
Y, sin embargo, la presión persiste.
Solicitudes de espacios que no prosperan. Talleres que no encuentran sede. Proyectos que se diluyen en trámites sin resolución. Invitaciones que, en algún punto del proceso, se retiran con explicaciones imprecisas. Y ahora, nuevamente, la exclusión condicionada: no por lo que se presenta, sino por quién lo presenta.
La pregunta no es si un creador puede ser vetado. La pregunta es qué ocurre con el ecosistema cultural cuando ese veto se vuelve una práctica tácita. Cuando los proyectos ciudadanos —aquellos que nacen desde la iniciativa independiente— se ven obligados a decidir a quién incluir o excluir no por criterios artísticos, sino por advertencias institucionales.
Ahí es donde la ética deja de ser un discurso abstracto y se convierte en una decisión concreta.
Porque no solo hay funcionarios que presionan. También hay gestores que, bajo amenaza, terminan ejecutando esa presión. No desde la mala fe, sino desde la necesidad de sobrevivir en un sistema que condiciona recursos, espacios y legitimidad.
¿En qué momento esa supervivencia compromete el sentido mismo de lo que se gestiona?
No se trata de juzgar de manera simplista a quienes ceden ante estas condiciones. Se trata de reconocer el terreno en el que se está operando. Un terreno donde la cultura, en lugar de ser un espacio de pensamiento y disenso, corre el riesgo de convertirse en un espacio administrado, regulado por afinidades y silencios.
Frente a esto, la única decisión posible, en mi caso, fue no participar. No por orgullo, ni por dramatismo, sino por una línea básica: hay condiciones que, al aceptarse, legitiman la lógica que las impone.
Los creadores —y los procesos culturales— no terminan en un sexenio. Persisten, se transforman, encuentran otros cauces. Pero lo que sí se erosiona rápidamente es la confianza en las instituciones cuando estas operan desde la amenaza y no desde el diálogo. Y sin duda, la violencia institucional de este gobierno en nuestro estado, ha sido más que infame y deleznable.
La cultura no puede sostenerse en la advertencia. Y la ética, cuando es real, siempre implica un costo. Pero también traza una frontera: la que separa el ejercicio del poder del ejercicio de la dignidad.
Porque hay silencios que se administran… y hay decisiones que, al no someterse, los rompen
Hasta la próxima.
