El actual Gobierno de San Luis Potosí enfrenta una crisis de legitimidad ante la creciente evidencia de un esquema de tráfico de influencias que vincula directamente a dos de sus figuras más poderosas.
De acuerdo con informes obtenidos por Excélsior, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, y su esposa, Xitlálic Sánchez Servín, actual vicefiscal jurídica, se encuentran en el ojo de medios nacionales por instrumentalizar sus posiciones públicas para favorecer los intereses de Torsa Abogados, la firma privada fundada por el propio funcionario.
Las denuncias apuntan a que el matrimonio ha operado activamente para beneficiar a clientes del despacho mientras ostentan mandos de alta jerarquía, una dualidad que raya en lo ilícito y que desdibuja la frontera entre el servicio público y el negocio familiar.
La reputación de Torsa Abogados está lejos de ser impecable. Clientes de la firma han levantado la voz contra presuntas prácticas de extorsión y engaño, señalando específicamente a Francisco Torres Sánchez, hermano del secretario, como el ejecutor de manejos irregulares. No obstante, el historial de Guadalupe Torres Sánchez ya cargaba con el lastre de la “ecuación corrupta” en 2017, un sistema de extorsión a alcaldes para limpiar cuentas públicas que dejó un boquete de 11.3 millones de pesos en el Congreso local.
A este oscuro antecedente se suman vínculos con empresas fantasma y la gestión de contratos millonarios, como el polémico caso de las luminarias de PANAVI, donde el costo se infló en más de 200 millones de pesos bajo su asesoría legal.
El escándalo más reciente revela una ambición que busca trascender el sexenio: el control de las notarías. Excélsior tuvo acceso a documentos que confirman cómo la vicefiscal Sánchez Servín ha utilizado la estructura estatal para presionar a autoridades educativas y federales, exigiendo «agilizar» trámites académicos indispensables para postularse a la Notaría Pública número 40.
Resulta alarmante que, meses antes de esta postulación, su propio esposo, el secretario de Gobierno, promoviera una reforma a la Ley del Notariado diseñada a la medida: una modificación legal que eliminó convenientemente los requisitos de experiencia, conocimientos técnicos y antigüedad de la cédula profesional.
Este asalto al notariado potosino representa la culminación de un conflicto de interés institucionalizado. Mientras Sánchez Servín tiene el poder de decidir sobre la acción penal desde la Fiscalía, su esposo moldea las leyes para asegurarles un retiro dorado en el sector privado. Esta estructura de impunidad no solo compromete la ética del servicio público, sino que pone en entredicho la transparencia de una administración que parece permitir que los expedientes judiciales y los sellos notariales se negocien en la mesa de un despacho particular.
