Bajo el argumento de «blindar» la democracia potosina, el diputado Héctor Serrano Cortés ha presentado una iniciativa que, detrás de un discurso de integridad, esconde un mecanismo que podría sepultar la equidad en las próximas contiendas electorales. El Proyecto de Decreto pretende obligar a todo aspirante a la Gubernatura, Diputaciones o Ayuntamientos a obtener una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad como requisito indispensable para su registro.
Conceptos Ambiguos: ¿Quién define la «Integridad»?
La propuesta destaca por la peligrosidad de su ambigüedad conceptual. La denominada «Condición de Integridad y Confiabilidad» carece de una definición jurídica taxativa en el documento, dejando en el aire qué criterios específicos determinarán si un ciudadano es «íntegro» o no para competir por un cargo público. Al no existir parámetros claros, el concepto se convierte en un «cheque en blanco» normativo que violenta el principio de certeza jurídica.
El punto más crítico y que ha encendido las alarmas sobre un posible uso faccioso de las instituciones es la naturaleza del órgano evaluador. Según la iniciativa, el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado será el encargado de realizar las pruebas.
Sin embargo, el documento admite que dicho Centro es un «organismo público desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno». Esta dependencia directa del Poder Ejecutivo estatal rompe con cualquier pretensión de imparcialidad.
Al estar subordinado políticamente al gobernador en turno, el Centro se perfila como un instrumento de veto para perjudicar a perfiles de oposición, bloqueando registros mediante resultados de evaluaciones que, por ley, son confidenciales y no pueden ser cuestionados en su fondo por la autoridad electoral y eliminar voces incómodas, utilizando exámenes psicológicos o de «entorno social» para calificar como «no aptos» a candidatos que representen un desafío real al régimen.
Riesgo de Inequidad y Captura Política
Aunque la iniciativa invoca la «autodefensa constitucional» y cita modelos internacionales, la realidad local presenta un escenario de inequidad sistémica. Mientras que el diputado Serrano asegura que la medida «no restringe la democracia, la fortalece», el diseño institucional sugiere lo contrario: la creación de un cuello de botella donde el gobierno estatal tiene la última palabra sobre quién puede aparecer en la boleta.
Al delegar la elegibilidad de los candidatos a un ente administrativo del Ejecutivo, se vulnera la autonomía del CEEPAC y se ignora que la autoridad electoral únicamente se limitará a verificar la existencia del papel, sin poder revisar si el proceso de evaluación fue manipulado con fines políticos.
