La Fundación Genoveva A.C. acusó a la Secretaría de Salud de San Luis Potosí de negar la entrega de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) destinadas a grupos de atención prioritaria, pese a tratarse de un problema de salud pública ampliamente documentado.
La organización —que opera programas gratuitos de detección y prevención de VIH con enfoque en personas que viven con el virus y poblaciones vulnerables— informó que el pasado 22 de abril solicitó formalmente la dotación de 300 dosis. La respuesta, aseguran, fue negativa.
Ante la esto, la Fundación optó por la vía legal. A través de su equipo jurídico, promovió un amparo con el argumento de que se está vulnerando el acceso a la salud de sectores históricamente desatendidos. “Hacemos valer el derecho de la comunidad ante un problema de salud pública”, puntualizaron.
El reclamo no se limita a la negativa puntual. Desde la organización sostienen que, en materia de prevención, han superado durante los últimos dos años las cifras reportadas por el propio Gobierno estatal, lo que vuelve aún más incomprensible —y, para ellos, injustificable— la falta de respaldo institucional.
El señalamiento adquiere mayor gravedad al enmarcarse en un contexto de rezago persistente en la atención a poblaciones vulnerables, particularmente la comunidad LGBT1Q+, donde la prevención del VPH y otras infecciones de transmisión sexual sigue siendo un desafío estructural.
La Fundación Genoveva hizo un llamado directo a las autoridades estatales para corregir de inmediato esta omisión. La disyuntiva es clara: o se fortalece la política de prevención con aliados que ya están en territorio, o se perpetúa una lógica burocrática que, en los hechos, termina negando acceso a la salud a quienes más lo necesitan.
