La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó acusaciones contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes atribuyen operaciones relacionadas con tráfico de drogas, armas y otros delitos graves.
De acuerdo con el comunicado difundido este 29 de abril de 2026 por autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en una red de protección y colaboración con integrantes del grupo criminal a cambio de presuntos beneficios políticos y sobornos.
Entre los señalados se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos, así como delitos relacionados con posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Según la acusación, las penas contempladas van desde un mínimo de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
También se incluyó el senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno en Sinaloa, además de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado. Ambos acusados por presunta conspiración para introducir drogas a territorio estadounidense y por delitos vinculados con armamento de alto poder.
La lista difundida por la Fiscalía estadounidense incorpora además a Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Asimismo, señalados Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exmandos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, así como José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector policial.
Uno de los casos con acusaciones más severas es el de Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Además de los cargos por narcotráfico y posesión de armas, enfrenta señalamientos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer dicho delito, lo que podría derivar en sanciones adicionales bajo la legislación estadounidense.
Las autoridades de Estados Unidos sostienen que los acusados habrían favorecido las operaciones del grupo criminal mediante protección institucional y apoyo logístico. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial conjunta sobre las acusaciones dadas a conocer por la Fiscalía neoyorquina.
