Integrantes del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) denunciaron presuntas irregularidades en la representación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí, al asegurar que las oficinas reportadas oficialmente no operan y que se desconoce el paradero laboral del delegado Mario Alberto Godoy Ramos y del personal adscrito a esa dependencia.
Los activistas Juan Felipe Cisneros Sánchez y Rafael Reyes Martínez, este último integrante también del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, señalaron que la dirección publicada por el instituto en la calle Humboldt 320, colonia Del Valle, no corresponde a oficinas funcionales del organismo y, además, no existe un número telefónico disponible para atención ciudadana.
Indicaron que esta situación ha dejado sin atención a comunidades indígenas y ciudadanos que requieren realizar trámites, solicitar información o gestionar apoyos relacionados con la dependencia federal.
De acuerdo con los denunciantes, tampoco existe claridad sobre el lugar donde despacha Mario Alberto Godoy Ramos, quien aparece en registros oficiales como representante estatal del INPI en San Luis Potosí. Añadieron que al consultar información pública, también figura vinculado con la representación del organismo en Michoacán, aunque aseguran que en esa entidad tampoco se le localiza.
Cisneros Sánchez cuestionó que el funcionario continúe percibiendo un salario público pese a la falta de atención institucional y la ausencia de oficinas visibles para la ciudadanía.
Los representantes del OIM recordaron que la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas establece la obligación de contar con órganos de representación en las entidades federativas y centros regionales de operación para garantizar atención directa a los pueblos originarios.
Sin embargo, afirmaron que en San Luis Potosí actualmente existe un vacío institucional que afecta la prestación de servicios y el acompañamiento a comunidades indígenas, además de señalar que tampoco hay certeza sobre las actividades del resto del personal que supuestamente integra la representación estatal.
Ante esta situación, Rafael Reyes Martínez presentó una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INPI. El recurso se registro en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo el expediente 2026/INPI/DE28 y el folio ciudadano 68991/2026.
Según el documento oficial, se investigan posibles faltas administrativas relacionadas con el funcionamiento de la representación estatal y el incumplimiento de responsabilidades previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los denunciantes señalaron que, de manera extraoficial, tuvieron conocimiento de que el representante estatal se requerió para explicar la situación; sin embargo, consideran que hasta ahora no existen sanciones acordes a las presuntas omisiones detectadas.
Además, criticaron que la oficina estatal del INPI, que históricamente operó desde finales de la década de 1980, actualmente se encuentre prácticamente inactiva y sin atención pública.
