En un enérgico pronunciamiento frente a los medios de comunicación, la licenciada Natalia Castillo, representante legal de un importante sector del transporte público, demandó la destitución inmediata de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.
La jurista sostuvo que el gremio potosino se encuentra en un estado de hartazgo generalizado debido a lo que calificó como una gestión marcada por la incompetencia, la omisión de funciones y un trato denigrante hacia los operadores, quienes aseguran haber agotado todas las instancias de diálogo institucional sin éxito.
La abogada Castillo fue incisiva al señalar que la actual administración ha convertido a la dependencia en una suerte de «caja chica» para el Gobierno del Estado, priorizando la recaudación y los cobros indebidos sobre la regulación efectiva del transporte. Entre los señalamientos más graves destaca la opacidad en el manejo del impuesto del 1.5% que las plataformas digitales deben pagar por cada viaje, cuestionando abiertamente si dichos recursos están siendo desviados a cuentas personales o manejados en efectivo fuera de la transparencia legal.
Esta falta de ordenamiento ha sumido a los concesionarios en una crisis financiera profunda, con deudas que superan los 650,000 pesos, lo que vuelve insostenible la operación frente a la competencia desleal y el anuncio de nuevas concesiones que saturarían el mercado.
Durante la conferencia se exhibieron pruebas de la sistemática negativa de Martínez Acosta para comparecer ante el Congreso del Estado, ignorando las invitaciones formales de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Este comportamiento, sumado a las presuntas amenazas de cancelar concesiones como represalia por las protestas, ha llevado al gremio a señalar un ambiente de represión gubernamental.
Castillo desmintió categóricamente las versiones oficiales que tildaron de violenta la manifestación de este día, asegurando que la movilización fue pacífica y coordinada, calificando a la secretaria de «mitómana» por intentar criminalizar el legítimo derecho de los trabajadores a la protesta.
Finalmente, la defensa legal advirtió que ya se preparan denuncias de gran alcance para que la funcionaria responda ante las autoridades por su inoperancia y las irregularidades detectadas. La licenciada Castillo enfatizó que, a pesar de los vacíos legales generados por recientes reformas que dejaron artículos de la ley en estado nulo, el derecho de los taxistas a exigir una autoridad competente sigue vigente.
El movimiento, según sentenciaron los voceros, no dará marcha atrás hasta que la Secretaría General de Gobierno tome cartas en el asunto y se garantice una reestructuración total que rescate la dignidad del taxismo en San Luis Potosí.
