En un nuevo despliegue de políticas punitivas disfrazadas de «ordenamiento urbano», el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció una agresiva iniciativa legal que busca no solo multar, sino encarcelar a quienes realicen grafiti en la entidad. La propuesta, que pretende elevar a rango de delito penal una práctica cultural y de protesta social, ha encendido las alarmas por su ambigüedad y el riesgo de persecución contra las juventudes.
El mandatario estatal fue tajante al señalar que las sanciones «no se limitarán a faltas administrativas«, abriendo la puerta a la criminalización directa. Al proponer penas penales por pintar muros, el gobierno estatal opta por el castigo carcelario por encima de la mediación comunitaria o la reparación del daño, saturando potencialmente un sistema de justicia ya de por sí rebasado por delitos de alto impacto.
El peligro de la interpretación arbitraria
Uno de los puntos más críticos de esta propuesta es la delgada y subjetiva línea que el Ejecutivo pretende trazar entre el «arte urbano» y el «grafiti dañino». Sin criterios técnicos ni una definición clara en la ley, quedará a discreción de los cuerpos policiales —frecuentemente señalados por abusos de poder— decidir qué intervención es «artística» y cuál merece la cárcel. Esta falta de rigor jurídico deja a cualquier ciudadano a merced de una interpretación estética oficialista.
La iniciativa no se detiene en los autores de las pintas; busca también extender sus tentáculos hacia el comercio local. Gallardo Cardona adelantó que se castigará a quienes vendan pinturas «a diestra y siniestra», una medida que impone una carga fiscalizadora absurda sobre los comerciantes, obligándolos a investigar la intención de compra de sus clientes, bajo amenaza de sanción estatal.
Si bien el discurso oficial se centra en la protección de la propiedad privada, la estrategia carece de cualquier componente de integración o fomento cultural real. Al anunciar un programa masivo para «limpiar prácticamente toda la ciudad», el gobierno de San Luis Potosí parece más interesado en borrar las huellas del descontento social y la expresión popular que en atender las causas que llevan a los jóvenes a buscar en las paredes la voz que no encuentran en las instituciones.
