La propuesta de aplicar evaluaciones de integridad y confiabilidad a aspirantes a cargos de elección popular en San Luis Potosí continúa generando críticas, ahora desde el ámbito jurídico y político, luego de que el exdiputado local Edgardo Hernández advirtiera que la iniciativa podría contravenir principios establecidos en la Constitución Mexicana.
El exlegislador sostuvo que los cargos de elección popular se legitiman mediante el voto ciudadano y no a través de exámenes o certificaciones previas. Señaló que los controles de confianza actualmente tienen aplicación constitucional únicamente en áreas relacionadas con seguridad pública y funciones consideradas de alto riesgo, como ministerios públicos, policías y personal penitenciario.
La discusión surgió tras la iniciativa presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí para exigir evaluaciones a quienes busquen competir en las elecciones de 2027. Entre las medidas planteadas se encuentran pruebas psicológicas, toxicológicas y poligráficas para aspirantes a candidaturas.
Edgardo Hernández afirmó que involucrar directamente al Estado en la aplicación de este tipo de filtros podría derivar en acciones de inconstitucionalidad, ya que abriría la puerta a que autoridades gubernamentales intervengan en la definición de quién puede competir electoralmente.
El exdiputado recordó además que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) ya expresó preocupaciones sobre posibles efectos discriminatorios de la iniciativa, especialmente hacia grupos vulnerables. También señaló que anteriormente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han frenado propuestas similares en otras entidades del país.
Finalmente, consideró que los partidos políticos podrían establecer mecanismos internos de revisión para sus perfiles, pero insistió en que trasladar esos controles al aparato estatal podría vulnerar principios democráticos y derechos político-electorales protegidos por la Constitución.
