El gobierno de Donald Trump presentó la Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026, un plan que endurece la política antidrogas de Estados Unidos y coloca a México y Colombia como puntos prioritarios en el combate al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.
A diferencia de administraciones anteriores, incluido el primer mandato de Trump, la nueva estrategia plantea una intervención más agresiva mediante el uso de herramientas militares, de inteligencia y presión diplomática para exigir resultados concretos a los países considerados clave en las rutas del narcotráfico.
Uno de los principales cambios consiste en la clasificación de varios cárteles mexicanos y una organización criminal colombiana como “organizaciones terroristas extranjeras”, medida que amplía las facultades legales de Estados Unidos para actuar contra estos grupos más allá de su territorio.
La estrategia también declara al fentanilo y a sus precursores químicos como una amenaza comparable a un “arma de destrucción masiva”, debido al impacto que esta droga ha provocado en territorio estadounidense, donde miles de personas mueren cada año por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos.
El documento establece que Washington buscará una cooperación “medible y sostenida” de gobiernos como el de México para aumentar decomisos, extradiciones, captura de líderes criminales y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.
En el caso de Colombia, la administración estadounidense exige mayores acciones para reducir cultivos ilícitos y combatir las cadenas de producción y exportación de cocaína.
Analistas consideran que esta nueva política crea un marco legal y operativo más amplio para justificar intervenciones directas o acciones coordinadas en países de origen y tránsito de drogas, especialmente en América Latina.
El endurecimiento del discurso estadounidense ocurre en medio de tensiones diplomáticas con México por temas relacionados con seguridad, tráfico de armas, extradiciones y acusaciones sobre presuntos vínculos de funcionarios con grupos criminales.
En semanas recientes, la administración Trump también advirtió que podría actuar directamente contra cárteles si considera insuficientes las medidas implementadas por autoridades mexicanas.
La nueva estrategia marca un giro respecto a esquemas anteriores de cooperación bilateral, al pasar de mecanismos de apoyo conjunto a un modelo basado en exigencias verificables y presión internacional sobre gobiernos latinoamericanos.
