Beneficiarios de los programas de apoyo social implementados por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) han denunciado públicamente una presunta red de coacción y condicionamiento de los programas públicos con fines partidistas, señalando directamente al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y al dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho.
De acuerdo con testimonios ciudadanos recibidos de manera anónima por temor a represalias, personal vinculado a la operación de estos programas estatales estaría exigiendo a adultos mayores y madres solteras la entrega de diez copias de la Credencial para Votar (INE) de familiares o conocidos como requisito indispensable para mantener vigentes sus apoyos o reactivar aquellos que se encuentran suspendidos.
«Nos afiliaron a la fuerza y aún no nos dan nada. Ahora nos piden que les entreguemos 10 INEs de familiares o amigos para podernos dar el apoyo; si no, nos dan de baja», señaló una de las afectadas, quien además describió que el otorgamiento de los recursos ha sido irregular durante el último año.
Aunado a la entrega de la documentación oficial, las denunciantes aseguran contar con evidencia fotográfica de mensajes y advertencias en las que se les amenaza con ser dadas de baja del padrón de beneficiarios en caso de no asistir a las asambleas y mítines políticos organizados en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Según los testimonios, estas prácticas explicarían las recientes cifras de afiliación masiva presumidas por la dirigencia partidista en la entidad, las cuales, afirman, se han obtenido mediante el abuso de la vulnerabilidad económica de los sectores más desprotegidos.
Especialistas jurídicos consultados por los afectados han señalado que el condicionamiento de la entrega de programas sociales federales o estatales a cambio del voto, la afiliación partidista o la entrega de credenciales de elector constituye un delito electoral grave, tipificado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
