El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que las acciones atribuidas al exdiputado José Luis Romero Calzada podrían derivar en sanciones e incluso inhabilitaciones, al considerarse como posibles actos anticipados de campaña.
El mandatario señaló que los hechos se documentaron y se turnaron tanto al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como al Instituto Nacional Electoral, instancias encargadas de evaluar la legalidad de las conductas denunciadas. Afirmó que su administración no respaldará irregularidades y que se actuará conforme a la ley.
El señalamiento se centra en la difusión y entrega de apoyos alimentarios que Romero Calzada promovió públicamente en Ciudad Valles durante 2025. A través de redes sociales, el también integrante del Partido Verde Ecologista de México aseguró haber gestionado miles de despensas, atribuyendo su obtención a vínculos con el gobierno estatal.
Ante ello, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional aclaró en su momento que los programas sociales se entregan de forma directa a beneficiarios y sin intermediarios, advirtiendo que quienes se presenten como gestores podrían incurrir en violaciones a la normativa.
Gallardo Cardona se deslindó de las declaraciones del exlegislador y sostuvo que no existe evidencia de la entrega de las despensas en los términos difundidos. Asimismo, descartó que haya una investigación formal en su contra por estos hechos, aunque insistió en que las autoridades electorales deberán determinar si hubo uso indebido de recursos con fines políticos.
El caso ha generado reacciones en el ámbito partidista. El secretario general del Partido Acción Nacional en la entidad, Enrique Dahud, indicó que su partido dará seguimiento para evaluar la posible presentación de una denuncia.
La controversia se suma a otros episodios recientes protagonizados por Romero Calzada, como un altercado ocurrido en 2025 durante actividades en vía pública en Ciudad Valles, que también generó atención mediática.
Cabe recordar que el exdiputado se integró al PVEM en 2025, pese a antecedentes de confrontación política con ese partido y con el propio gobernador, contra quien compitió en la elección estatal de 2021.
De confirmarse alguna irregularidad, las autoridades electorales podrían iniciar procedimientos administrativos conforme a la legislación vigente, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales.
