En San Luis Potosí comenzaron a presentarse amparos contra la medida federal que obligará a usuarios de telefonía móvil a registrar sus líneas con CURP e identificación oficial para conservar el servicio.
De acuerdo con José Mario de la Garza Marroquín, al menos 50 personas ya promovieron recursos legales para intentar frenar la aplicación de esta disposición, cuyos casos fueron admitidos por un Tribunal Especializado en la Ciudad de México.
La inconformidad surge a menos de dos meses de que concluya el plazo establecido para que los usuarios vinculen sus números telefónicos con documentos oficiales. Según datos expuestos por el abogado, el 82.5 por ciento de las personas usuarias en el país todavía no realiza el registro correspondiente, situación que podría derivar en la cancelación de líneas celulares una vez vencido el periodo límite.
El representante de Perteneces A.C. explicó que los amparos buscan impedir la obligación de entregar información personal como requisito para mantener activo un número telefónico. Consideró que este tipo de registros representan un riesgo para la privacidad y la confidencialidad de la ciudadanía.
También advirtió que el número de recursos legales podría aumentar conforme se acerque la fecha límite o en caso de que comiencen suspensiones de líneas telefónicas por falta de registro.
De la Garza Marroquín sostuvo que el acceso a la comunicación no debería condicionarse a mecanismos de control sobre datos personales y afirmó que la discusión jurídica se centra en posibles afectaciones a derechos relacionados con la intimidad y la protección de información privada.
Hasta el momento, las autoridades federales mantienen vigente el proceso de registro obligatorio de líneas móviles, mientras continúan las acciones legales promovidas por ciudadanos inconformes con la medida.
