Una grave confrontación jurídica y política se vislumbra en el panorama de San Luis Potosí tras la filtración de material publicitario en el que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la senadora Ruth González Silva y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) utilizan de forma directa el diseño exclusivo del jersey oficial de la Selección Mexicana de Futbol.
La indumentaria, desarrollada y registrada internacionalmente por la firma alemana Adidas en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), fue modificada digital y físicamente para sustituir el tradicional escudo del águila azteca por el tucán, emblema oficial del partido político. Esta maniobra ha hecho reaccionar las áreas jurídicas de ambas instituciones deportivas por lo que se califica como un flagrante plagio a su propiedad intelectual y apariencia comercial.
Expertos en derecho de la propiedad industrial consultados por Central San Luis señalan que la alteración de una prenda amparada bajo un registro de trade dress o derechos de diseño textil no exime a los actores políticos de una sanción, sino que agrava la falta. Adidas mantiene un control estricto sobre la disposición de sus tres franjas icónicas, los patrones de ventilación y la combinación cromática exacta que da identidad al uniforme nacional.
La remoción del escudo institucional de la FMF para colocar la iconografía del PVEM representa una explotación no autorizada de un activo comercial multimillonario con fines netamente político-electorales, una práctica que tanto la marca de ropa como la federación persiguen de manera sistemática a nivel global bajo la figura de marketing de emboscada.
El impacto de esta estrategia no se limitará al terreno de los tribunales civiles y de propiedad industrial, sino que irrumpirá directamente en la arena penal y administrativa electoral. Las leyes vigentes en la República Mexicana prohíben de forma taxativa el uso de símbolos patrios o de identidad nacional que busquen capitalizar el fervor ciudadano para inducir el voto o posicionar proyectos partidistas en busca de la sucesión gubernamental.
Se anticipa que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá un procedimiento ordinario sancionador para fiscalizar el origen y coste de producción de estas prendas alteradas, cuya tasación podría ajustarse al valor de mercado de un producto original, impactando severamente los topes de gastos de campaña del PVEM y de la senadora González Silva.
Trascendió que las oficinas de representación legal de Adidas en México y el cuerpo jurídico de la Femexfut preparan la notificación formal de un requerimiento de cese y desistimiento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del PVEM y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. La exigencia inmediata contempla el retiro total de cualquier soporte fotográfico o audiovisual en plataformas digitales, así como la destrucción absoluta del stock de playeras producidas.
