El helipuerto ubicado en el interior del Parque Tangamanga I —un espacio público cuyo mantenimiento y obras se costean con el erario estatal— opera fuera de los registros oficiales de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Pese a tratarse de una infraestructura construida en suelo público y sostenida con dinero de los contribuyentes, ninguna autoridad mantiene vigente un permiso de operación regular para este sitio.
Una revisión a los catálogos públicos y actualizados de la AFAC sobre aeródromos y helipuertos civiles activos revela que la instalación del Tangamanga simplemente no existe en los listados gubernamentales vigentes.
El espacio no es del todo invisible para el radar aeronáutico, ya que en bases de datos internacionales de aviación la plataforma aparece bajo el nombre de“Tangamanga Park #1 heliport”, identificada con la clave local MX-1362. Sin embargo, este registro carece de validez oficial para operaciones comerciales o civiles regulares al no contar con los códigos internacionales ICAO ni IATA, los cuales son obligatorios para cualquier aeródromo con actividad formal en el país.
Esta contradicción levanta interrogantes sobre el uso y la transparencia de este espacio. Señalamientos de usuarios del parque y fuentes cercanas a la administración estatal indican que la falta de registro civil responde a que la instalación ha sido virtualmente privatizada por la cúpula del poder en el estado. El helipuerto es utilizado de forma recurrente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, su esposa, la senadora Ruth González Silva, así como por miembros de su familia y altos funcionarios del gabinete estatal.
El uso constante de las aeronaves propiedad del Estado para trasladar a la familia del mandatario desde y hacia este punto enclavado en el parque recreativo ha comenzado a levantar serios cuestionamientos sobre un presunto uso indebido de recursos públicos. Lo que normativamente debería ser un espacio estrictamente regulado, o bien un área restringida a emergencias médicas y de Protección Civil, opera en la práctica como una pista de acceso exclusivo y discrecional para el traslado privado de la familia gubernamental, alejándose de su propósito institucional.
La ausencia de un registro oficial vigente ante la AFAC, combinada con el uso político-personal que se le da, apunta a una grave opacidad. Al no estar registrado ante la autoridad federal para operaciones civiles, el helipuerto elude las bitácoras públicas obligatorias, lo que impide rastrear de manera transparente quiénes, cuándo y con qué fines abordan los helicópteros oficiales. Asimismo, esto implica que las administraciones estatales han evitado las inspecciones y regulaciones técnicas que exige la ley para garantizar la seguridad en zonas urbanas.
Para que un helipuerto opere de forma regular en un área recreativa masiva, requiere certificar que los despegues y aterrizajes no ponen en riesgo a los miles de ciudadanos que visitan diariamente el Parque Tangamanga I. Sin el aval de la AFAC, no hay garantía formal de dicha seguridad, dejando el espacio en un limbo legal.
Hasta el momento, la dirección de los Parques Tangamanga y la oficina del Ejecutivo estatal han mantenido hermetismo en torno a las bitácoras de vuelo y al estatus legal de esta pista de aterrizaje, cuya operación diaria parece responder más a la comodidad de la familia del mandatario que al beneficio de la población potosina.
