El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se manifestó a favor de la iniciativa que busca obligar a los aspirantes a cargos públicos a someterse a exámenes de control de confianza y pruebas antidoping, bajo el argumento de que es necesario evitar que personas coludidas con la delincuencia formen parte del gobierno.
No obstante, el discurso de «limpieza» institucional del mandatario estatal ha sido recibido con escepticismo, pues para diversos sectores la propuesta parece ignorar los señalamientos que históricamente han pesado sobre la actual administración y su estructura política.
La controversia principal radica en que el certificado de idoneidad sería otorgado por el Congreso o el propio Gobierno Estatal, lo que plantea un evidente conflicto de intereses.
Esta centralización del proceso sugiere que la medida, más que un blindaje real contra el crimen, podría funcionar como un filtro político diseñado para favorecer a los candidatos del Partido Verde de cara al 2027.
Al quedar la validación de la honorabilidad en manos del oficialismo, se corre el riesgo de que el mecanismo sea utilizado para legitimar perfiles afines, permitiendo que sus rostros aparezcan en las boletas sin importar los cuestionamientos externos sobre su integridad.
