Bajo el cobijo de un Partido Verde que opera más como una estructura patrimonial que como un instituto político, Ricardo Gallardo Cardona ha consolidado en San Luis Potosí un régimen blindado por la impunidad técnica. Pese a que los expedientes por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita han pasado por los escritorios de la antigua Procuraduría y la actual Fiscalía General de la República (FGR), el avance es nulo. Hoy, el Frente Ciudadano Anticorrupción lanza un nuevo exhorto a la Fiscal Ernestina Godoy para que rescate del olvido las denuncias que Alejandro Gertz Manero decidió ignorar.
La sombra sobre el mandatario potosino no es nueva ni ligera. En 2015, detenido por delincuencia organizada y lavado de dinero tras detectarse una triangulación de 209 millones de pesos desde el municipio de Soledad de Graciano Sánchez hacia empresas donde él y su familia eran accionistas. Aunque un amparo le otorgó la libertad 11 meses después —argumentando tecnicismos sobre la fecha de constitución de sus empresas—, las pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son contundentes: se utilizó a la Clínica de Especialidades Wong como un “puente” para extraer fondos públicos.
Manuel Nava Calvillo, heredero de la lucha civil del doctor Salvador Nava, es tajante en entrevista para SinEmbargo.MX: la familia Gallardo ha construido un esquema que fagocita las haciendas municipales. Desde 2009, cuando Ricardo Gallardo Juárez (padre del actual gobernador y hoy diputado federal) «compró» la franquicia del PRD para ganar la alcaldía de Soledad, el nepotismo su sello distintivo. Tras el padre, siguió el hijo en el mismo cargo, estableciendo una dinámica de poder que hoy se extiende a la esposa del gobernador, la senadora Ruth González Silva.
El cinismo político del grupo, apodado «La Gallardía«, ha llegado al punto de rechazar abiertamente la reforma contra el nepotismo impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras Morena busca purgar estas prácticas para 2027, el PVEM en San Luis Potosí no solo se desmarca de la iniciativa, sino que amenaza con romper la coalición para asegurar que el apellido Gallardo siga rotándose los cargos de elección popular. Incluso el patriarca, Gallardo Juárez, ya ha levantado la mano para buscar la gubernatura en el próximo ciclo, desafiando cualquier noción de renovación democrática.
La postura de Morena, sin embargo, navega entre la retórica y la complicidad táctica. Mientras la nueva dirigente nacional, Ariadna Montiel, asegura que no se permitirán perfiles manchados por la corrupción, en el terreno potosino la realidad es distinta. Fue Mario Delgado quien, en 2021, sacrificó la candidatura de su propio partido para abrirle paso a Gallardo Cardona, tildándolo de aliado de la «Cuarta Transformación» a pesar de sus antecedentes penales.
Hoy, ante la evidencia de desvíos que la UIF cifra en 724.6 millones de pesos entre 2012 y 2019, la dirigencia local de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez, prefiere evadir la responsabilidad. Bajo el argumento de que «primero van a empezar por su casa», el partido guinda deja la resolución del «caso Gallardo» en manos de una FGR que ha demostrado ser un espectador pasivo, mientras el estado potosino permanece secuestrado por una estructura financiera y política que la justicia se niega a tocar.
