En un despliegue de retórica que camina sobre la línea de la intimidación, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, lanzó una advertencia frontal contra quienes gestionan contenidos críticos en plataformas digitales. Bajo el argumento de combatir «campañas negras», el legislador amagó con llevar ante los tribunales a los responsables, lo que diversos sectores interpretan como un uso faccioso de las instituciones para silenciar el disenso.
Serrano Cortés, pieza clave en el andamiaje político del «gallardismo», aseguró tener identificados a los autores de publicaciones que, a su juicio, buscan golpear al proyecto gallardista. Aunque el diputado intentó minimizar el impacto de estas acciones calificándolas de «guerritas de ninguna importancia», su insistencia en la persecución judicial contradice la supuesta irrelevancia de los ataques.
«Ustedes saben quién es, ustedes saben quién trae esa campaña», espetó Serrano ante los medios, evitando dar nombres pero dejando caer una advertencia velada que resuena como una amenaza directa a la libertad de expresión y al anonimato en la crítica ciudadana.
Los puntos críticos del amago oficialista
La postura del legislador levanta alarmas por varias razones fundamentales que comprometen el ejercicio democrático en la entidad:
- Uso del aparato estatal como garrote: Al advertir que «serán llevados ante tribunales», se sugiere una injerencia o un control sobre los órganos de justicia para dirimir conflictos de imagen política.
- La ambigüedad de la «campaña negra»: Serrano etiqueta como «infames» y «cobardes» las publicaciones en páginas que denomina «fantasma». Sin embargo, en un contexto de opacidad gubernamental, las redes sociales suelen ser el único escape para la crítica que no encuentra espacio en medios tradicionales.
- El escudo de la identidad: El legislador cuestionó la falta de mecanismos de contacto en dichas páginas para ejercer el derecho de réplica, ignorando que la ley ya contempla vías para ello sin que esto implique necesariamente una cacería judicial contra la administración de contenidos digitales.
Resulta particularmente llamativo que Serrano Cortés utilizara la violencia de género como argumento final, señalando que estos contenidos denuestan a mujeres del ámbito político. Si bien la defensa de la dignidad es legítima, el uso de esta bandera para justificar el rastreo y la judicialización de críticos genera suspicacia: ¿se busca proteger a las mujeres o se utiliza la agenda de género para blindar a las figuras del poder ante cualquier cuestionamiento?
Un escenario de confrontación
La advertencia de Serrano no es un hecho aislado, sino que se suma a una narrativa estatal que suele etiquetar cualquier cuestionamiento como un ataque personal o una «campaña orquestada». Al prometer consecuencias legales contra sus detractores, el líder del PVEM no solo defiende a su partido, sino que envía un mensaje disuasorio a la prensa y a la ciudadanía: en San Luis Potosí, la crítica tiene precio, y el cobrador podría ser el Estado.
