Aunque se presenta como una regulación tecnológica, su diseño y alcances permitirían al Estado perseguir, intimidar y silenciar el trabajo periodístico y la crítica pública.
El abogado José Mario de la Garza Marroquín advirtió que la iniciativa del diputado Héctor Serrano para penalizar el “uso indebido” de la inteligencia artificial podría derivar en censura, persecución política y criminalización de la crítica bajo el pretexto de combatir los deepfakes.
La iniciativa contempla castigar con cárcel el uso doloso de inteligencia artificial en la creación de contenidos falsos que generen alarma o desinformación.
