Diversas organizaciones nacionales e internacionales en defensa de la libertad de expresión manifestaron su profunda preocupación ante las recientes detenciones y órdenes de aprehensión emitidas en contra de periodistas, comunicadores digitales y funcionarias públicas en San Luis Potosí. A través de un pronunciamiento conjunto, los colectivos exigieron a las autoridades estatales abstenerse de utilizar el sistema penal como un mecanismo de silenciamiento contra las voces críticas.
Las asociaciones firmantes —entre las que se encuentran ARTICLE 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), CIMAC, Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF)— hicieron un llamado urgente para que se garantice la transparencia plena sobre la situación jurídica de las personas afectadas, el sustento legal de las imputaciones y el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y de debido proceso.
Contexto de los casos documentados
La alerta de las organizaciones se fundamenta en tres hechos principales registrados en la entidad. En primer lugar, se documentó la detención de Christian Herrera, creador de contenido de la página “Código Rojo”, quien fue arrestado de forma violenta e incomunicado el pasado 21 de mayo en Ciudad Valles por presuntos elementos de la Fiscalía local. Actualmente se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, “La Pila”. A pesar de versiones extraoficiales que señalan un supuesto cargo por robo, las organizaciones advierten que, ante la falta de claridad y defensa adecuada, el caso podría catalogarse como una detención arbitraria.
Por otro lado, se registró la aprehensión de Eréndira Reyes Aguillón, directora del espacio digital “San Wicho Times”, y de su hija, Alejandra Hermosillo, funcionaria del ayuntamiento de San Luis Potosí. Ambas fueron detenidas y posteriormente se les dictó prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía General del Estado les imputa el delito contra la identidad de las personas por la presunta manipulación ilícita de imagen e identidad digital mediante el uso de estructuras visuales y narrativas simuladas.
A este panorama se suma el reporte de una investigación que involucra a por lo menos nueve personas más, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora de diversos medios locales. Torres González ha desmentido públicamente su participación o difusión de los contenidos señalados por la autoridad y desconoce los motivos de su vinculación.
Las demandas centrales de las organizaciones
Las asociaciones civiles enfatizaron que el actuar de las autoridades ministeriales y judiciales representa un uso arbitrario de las normas legales que impacta directamente en el ejercicio periodístico y el activismo. Ante esta situación, las peticiones prioritarias de las organizaciones se concentran en tres ejes fundamentales del marco legal y de derechos humanos.
El primer requerimiento se enfoca en el respeto al debido proceso y el cese de la opacidad. Las organizaciones denunciaron que el uso de órdenes de aprehensión e imposición de prisión preventiva oficiosa constituyen las medidas más intrusivas del sistema penal, aplicadas de forma desproporcionada en casos vinculados a la libre expresión. Por ello, exigen que se elimine la incomunicación denunciada y se asegure el acceso inmediato a una defensa adecuada.
El segundo eje exige la revisión de la legalidad y la no retroactividad de la ley. De acuerdo con las fuentes locales, las investigaciones derivan de la difusión de un video en redes sociales previo a noviembre de 2025, fecha en la que se aprobaron las reformas a los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado sobre el uso no autorizado de imágenes con inteligencia artificial. Las agrupaciones recuerdan que el Artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas.
Finalmente, se solicita el estricto cumplimiento de los estándares internacionales. Las organizaciones recordaron que las restricciones a expresiones de interés público deben cumplir con el test tripartito de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, señalaron que los delitos que apunten a proteger el honor o la reputación pública contradicen las obligaciones internacionales de México, citando los precedentes de la ONU en la materia.
Los firmantes concluyeron recordando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió previamente la acción de inconstitucionalidad 132/2025 contra estas normativas locales, debido al elevado riesgo de persecución y criminalización que representan para los profesionales de la información y la ciudadanía en general.
