El consejero electoral Martín Faz advirtió que la propuesta para crear un mecanismo que detecte posibles vínculos delictivos en candidaturas podría trasladar al Instituto Nacional Electoral responsabilidades relacionadas con seguridad e inteligencia que, afirmó, no corresponden a la autoridad electoral administrativa.
El integrante del INE señaló que existe preocupación legítima por evitar la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y estructuras políticas, pero consideró que involucrar al Instituto en evaluaciones preventivas de riesgos criminales modificaría la naturaleza de sus funciones constitucionales.
Martín Faz explicó que actualmente el INE ya revisa requisitos legales de quienes buscan cargos federales, entre ellos la verificación de antecedentes penales, órdenes de aprehensión o sentencias judiciales, por lo que consideró innecesario ampliar atribuciones hacia tareas vinculadas con inteligencia y seguridad pública.
El consejero también expresó dudas sobre la eficacia del mecanismo planteado desde la Presidencia de la República, debido a que el INE solo fungiría como intermediario mientras que la decisión final sobre mantener o retirar candidaturas continuaría en manos de los partidos políticos.
Además, señaló que la propuesta no define con claridad cómo se determinaría un supuesto “riesgo razonable” en una candidatura, ni establece parámetros objetivos, estándares probatorios o metodologías para evaluar posibles vínculos con actividades ilícitas.
Faz indicó que otro punto pendiente es definir qué ocurrirá si las autoridades de seguridad no entregan información al INE o si se pretende implementar un esquema similar en los organismos electorales locales durante los próximos procesos electorales.
El consejero advirtió que la propuesta podría generar conflictos legales relacionados con información confidencial derivada de investigaciones de seguridad, además de posibles afectaciones a derechos políticos y a la presunción de inocencia de los aspirantes en ausencia de sentencias judiciales firmes.
Martín Faz sostuvo que, sin atribuciones para negar registros de candidaturas, el INE quedaría únicamente como un enlace entre autoridades y partidos, situación que, dijo, pone en duda la utilidad real del modelo propuesto.
En 2027 estarán en disputa alrededor de 19 mil cargos públicos en México, entre gubernaturas, diputaciones federales y locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas, en uno de los procesos electorales más amplios del país.
