El diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés, afirmó que la reforma sobre inteligencia artificial aprobada por el Congreso de San Luis Potosí no tiene relación directa con las investigaciones y procesos legales iniciados recientemente contra personas dedicadas a la creación de contenido y comunicación digital. Las declaraciones surgen luego de que colectivos y organizaciones manifestaran preocupación por posibles afectaciones a la libertad de expresión.
El legislador señaló que desconoce las razones jurídicas que llevaron a la Fiscalía General del Estado a actuar contra algunas personas, por lo que evitó emitir opiniones sobre casos específicos. Serrano Cortés sostuvo que no cuenta con información sobre los expedientes ni sobre las motivaciones legales detrás de dichos procedimientos.
Además, el diputado rechazó que la legislación sea identificada públicamente como “Ley Serrano”. Consideró incorrecto atribuir la aprobación de la reforma a una sola persona, al recordar que las modificaciones legales requieren la votación y respaldo del pleno del Congreso local, integrado por 27 legisladores.
Serrano Cortés también calificó como “tendenciosa” la manera en que algunos sectores han nombrado la iniciativa. En ese contexto, defendió que las decisiones legislativas responden a acuerdos colectivos y a la participación de todas las fuerzas representadas en el Poder Legislativo estatal.
Sobre el contenido de la reforma, explicó que el propósito principal consiste en regular el uso de herramientas de inteligencia artificial para evitar la difusión de material manipulado digitalmente, como audios, imágenes o videos falsificados. Según indicó, la intención es prevenir contenidos que generen desinformación, temor social o afectaciones a la reputación de personas mediante tecnologías de alteración digital.
La discusión sobre esta legislación ha generado debate en San Luis Potosí, principalmente entre organizaciones civiles y sectores vinculados con la libertad de expresión, quienes han advertido posibles riesgos en la aplicación de la norma.
