¿Estamos frente a disonancia cognitiva o ante un modelo político que normaliza la contradicción como forma de gobernar? ¿Qué tanto ha cambiado el poder en México o simplemente han cambiado los narradores del mismo guion? ¿Cuál es la responsabilidad ciudadana en la permanencia de estas contradicciones?
Hay algo profundamente inquietante —y peligrosamente normalizado— en la política mexicana contemporánea: la capacidad de decir una cosa y hacer exactamente la contraria sin que ello implique un costo real.
Durante décadas, el régimen priista construyó un discurso de justicia social, soberanía y estabilidad mientras operaba, en múltiples niveles, desde la simulación, la represión y el control. La historia reciente del país está atravesada por episodios donde la narrativa oficial contrastaba brutalmente con la realidad: movimientos estudiantiles silenciados, oposiciones contenidas, elecciones bajo sospecha.
Frente a ello, la izquierda mexicana se erigió como una fuerza crítica, como una resistencia ética frente a esas contradicciones. La lucha no era únicamente por el poder, sino por algo más profundo: la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
La alternancia en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox, pareció abrir una posibilidad de ruptura con ese modelo. Sin embargo, los gobiernos posteriores, incluido el de Felipe Calderón, mostraron que el cambio de partido no necesariamente implicaba un cambio de lógica. El regreso del PRI en 2012 confirmó, para muchos, que las estructuras de poder permanecían más allá de los discursos de renovación.
El punto de quiebre llegó con Andrés Manuel López Obrador, quien capitalizó el hartazgo social con una promesa clara: terminar con la corrupción, separar el poder político del poder económico y construir una nueva ética pública bajo el principio de “no robar, no mentir, no traicionar”.
Ese discurso no solo fue eficaz: fue profundamente simbólico. Instaló la idea de una transformación moral del país.
Pero el ejercicio del poder —como tantas veces en la historia— ha puesto a prueba esa narrativa.
Hoy, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, emergen tensiones que recuerdan, inquietantemente, a aquellas prácticas que durante años fueron denunciadas. Las recientes acusaciones desde Estados Unidos contra actores políticos en funciones, particularmente en entidades como Sinaloa, y la defensa inmediata desde el poder federal, reactivan una lógica conocida: la protección de los propios como prioridad política.
No se trata aquí de prejuzgar culpabilidades, sino de observar patrones. Y el patrón es claro: cuando el poder se siente amenazado, el discurso se endurece, se cierra, se vuelve absoluto. La verdad deja de ser un terreno de investigación para convertirse en un instrumento de control narrativo.
Por eso, reducir todo esto a “disonancia cognitiva” sería ingenuo. La disonancia implica un conflicto interno, una tensión no resuelta entre lo que se cree y lo que se hace. Pero lo que vemos en la política mexicana no parece una falla del sistema: parece, más bien, su forma de operar.
La contradicción ya no es una anomalía. Es una herramienta.
Y en ese contexto, la ciudadanía juega un papel central. No solo como espectadora, sino como participante activa —a veces crítica, a veces complaciente— de este entramado. En una sociedad marcada por la desigualdad, los programas sociales cumplen una función indispensable, pero también se insertan en una dinámica donde el agradecimiento puede convertirse en lealtad política.
Así, el voto deja de ser únicamente una expresión de voluntad democrática para transformarse, en ciertos casos, en una respuesta emocional, en un acto condicionado por la narrativa dominante.
La polarización hace el resto: simplifica la realidad, reduce los matices y convierte cualquier crítica en traición, cualquier cuestionamiento en ataque.
Y en medio de ese escenario, la contradicción no solo sobrevive: se fortalece.
Porque el verdadero problema no es que el poder se contradiga —eso ha ocurrido siempre—, sino que hemos dejado de exigir coherencia como condición mínima para gobernar.
Cuando la sociedad normaliza que la verdad puede adaptarse al discurso y que la justicia depende de quién la nombre, la democracia entra en una zona peligrosa: aquella donde las formas se mantienen, pero el fondo se vacía.
México no está atrapado únicamente en la incongruencia de sus gobiernos, sino en algo más profundo: una cultura política que ha aprendido a convivir con la contradicción sin convertirla en consecuencia.
Y mientras eso no cambie, no importará quién llegue al poder.
Cambiarán los nombres.
Cambiarán los discursos.
Pero el sistema —ese— seguirá siendo exactamente el mismo.
