A pesar de que el directorio oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) señala la calle Humboldt 320, en la colonia Del Valle, como la sede de su Oficina de Representación en esta entidad, ciudadanos y gestores denuncian que las instalaciones no existen físicamente. La ausencia de este espacio de atención se suma a la falta de canales de comunicación telefónica, imposibilitando cualquier trámite presencial o remoto.
La situación se extiende a la figura del representante estatal, Mario Alberto Godoy Ramos. De acuerdo con registros de información pública, el funcionario percibe una remuneración mensual bruta de 73 mil pesos, lo que representa un ingreso anual de 886 mil 812 pesos. No obstante, su ubicación y desempeño de funciones son inciertos.
Investigaciones en plataformas de transparencia revelan una inconsistencia administrativa: Godoy Ramos aparece registrado oficialmente como representante en el estado de Michoacán. Sin embargo, reportes de dicha entidad indican que tampoco se encuentra laborando en la sede michoacana, lo que genera dudas sobre el paradero y las actividades del funcionario y del personal a su cargo.
La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas establece en su Artículo 11 la obligatoriedad de contar con oficinas de Representación, órganos en las entidades federativas para garantizar la atención transversal, Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas y Órganos de operación regional.
El objetivo de estas instancias es salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, promoviendo su
libre determinación y autonomía.
En San Luis Potosí, dicho mandato legal no se cumple, dejando a las comunidades sin el enlace institucional necesario con la Administración Pública Federal.
Hasta el momento, ni el Órgano Interno de Control ni el titular nacional del INPI, Adelfo Regino Montes, han emitido un pronunciamiento oficial sobre la inoperatividad de la oficina en San Luis Potosí o la situación laboral de Godoy Ramos.
