La familia de Yesenia Yoselin Puente, joven de 24 años asesinada el pasado mes de febrero en la colonia Las Flores, enfrenta un panorama de incertidumbre jurídica y riesgo personal ante la falta de apoyo de las autoridades estatales. A pesar de la gravedad del caso, la señora Gloria, madre de la víctima, denunció que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) la ha dejado en un estado de indefensión al no asignar un suplente para su asesoría legal, mientras el presunto feminicida busca obtener prisión domiciliaria mediante un recurso de amparo.
El principal temor de los deudos radica en la posible liberación o cambio de medida cautelar de Luis «N», esposo de la víctima y principal sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales por homicidio calificado y tentativa de feminicidio relacionados con un evento ocurrido en 2020. La defensa del acusado interpuso un amparo alegando detención arbitraria, cuya resolución se dará a conocer en los próximos días. La familia advierte que, de otorgarse este beneficio, su integridad física y la de los hijos menores de Yesenia estarían en peligro inminente, dado el historial violento del procesado, que incluye agresiones previas contra sus propios hijos.
La negligencia institucional factor crítico en este proceso. Según la abogada Sandra Gallegos, quien asesora a la familia tras la intervención de colectivos feministas, no existió una coordinación adecuada entre la Fiscalía General del Estado y la CEEAV. Esto provocó que la señora Gloria tuviera que costear de manera independiente los gastos funerarios y careciera de atención psicológica inmediata. Actualmente, el caso se encuentra estancado debido a que la asesora victimal oficial está incapacitada y la institución no ha nombrado un reemplazo para dar seguimiento a las audiencias y trámites de la carpeta de investigación.
El hallazgo del cuerpo de Yesenia ocurrió el 4 de febrero, después de que su madre, impulsada por la sospecha y el nerviosismo de su yerno, ingresara a una propiedad vecina donde encontró restos calcinados dentro de un aljibe. Al acusado se le detuvo en flagrancia por la policía municipal. A pesar de la contundencia de los hechos, la familia enfrenta dificultades para obtener testimonios debido al temor que impera en la colonia hacia el detenido y su entorno. Ante la falta de copias de la investigación y el silencio administrativo, las víctimas indirectas exigen a la CEEAV el cumplimiento de sus derechos y una representación legal activa que garantice la justicia y su seguridad.
