¿En qué momento el patriotismo dejó de ser una defensa de la nación para convertirse en un escudo político? ¿Cómo puede un gobierno hablar de transformación mientras protege a los suyos y descalifica toda crítica? ¿Qué pasa con un país cuando la educación, la historia y la justicia se utilizan más como herramientas ideológicas que como espacios de construcción colectiva?
La cuarta transformación atraviesa -otra vez- uno de sus momentos más contradictorios: un gobierno que prometió transformar la vida pública termina atrapado entre la propaganda, la improvisación y el encubrimiento político.
Y con ello, México inmerso en días profundamente confusos. Días donde la indignación pública parece fragmentarse entre el espectáculo político, el discurso patriótico y una realidad que se deteriora entre contradicciones. Lo preocupante no es solamente la suma de errores, sino la normalización de ellos. La sensación de que el país avanza entre improvisaciones mientras desde el poder se insiste en que todo marcha bien.
La discusión reciente alrededor de Rubén Rocha Moya volvió a abrir una herida delicada: la relación entre poder político y crimen organizado. Las acusaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico no son un tema menor. Mucho menos cuando la reacción del oficialismo parece centrarse más en cerrar filas y defender políticamente a los suyos que en exigir claridad, investigación y transparencia.
Y es ahí donde aparece una de las mayores contradicciones de la llamada Cuarta Transformación. Un movimiento que nació prometiendo combatir la corrupción, terminar con los privilegios y romper con los pactos de impunidad, hoy actúa exactamente como aquello que juró combatir. Si el señalado pertenece a la oposición, la condena pública es inmediata, feroz y cotidiana desde la tribuna presidencial. Pero si el acusado forma parte del movimiento oficial, entonces llegan las justificaciones, el victimismo político y el discurso del “ataque externo”.
A esto se sumó la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, invitada por gobiernos panistas y acompañada de declaraciones profundamente desafortunadas sobre la historia de México y la figura de Hernán Cortés. Sus comentarios fueron provocadores, innecesarios y marcados por una mirada colonialista que minimiza la violencia de la conquista y el sometimiento de los pueblos originarios.
Pero el problema no terminó ahí.
La reacción presidencial terminó convirtiendo un debate histórico legítimo en una herramienta de confrontación política. Se mezcló la defensa de la soberanía con un nacionalismo emocional utilizado para cohesionar políticamente a los propios y desviar la atención de temas internos mucho más graves. Y peor aún: historiadores y especialistas terminaron desmintiendo varios de los datos simplificados y erróneos utilizados desde el discurso oficial para sostener esa narrativa.
México merece una discusión histórica seria, compleja y madura. No una historia reducida a consignas ideológicas útiles para la polarización del momento.
Y mientras todo esto ocurría, apareció otro episodio que refleja el nivel de improvisación institucional que vive el país: la propuesta encabezada por Mario Delgado para modificar el calendario escolar y adelantar vacaciones bajo argumentos tan absurdos como “disfrutar el Mundial” o evitar el calor.
Resulta alarmante que una decisión educativa nacional pudiera siquiera plantearse desde razones tan frívolas. La educación no puede depender del calendario deportivo ni de ocurrencias políticas. Mucho menos cuando México arrastra enormes rezagos educativos, pérdida de aprendizaje tras la pandemia y profundas desigualdades estructurales.
Lo más grave es que nuevamente apareció el mismo patrón: primero el respaldo político automático desde la Presidencia y después, ante la presión social, académica y de padres de familia, el obligado retroceso. Una vez más, el gobierno corrige no por convicción, sino porque la realidad termina alcanzándolo.
Ese es quizá el gran problema de este sexenio: la incapacidad para sostener congruencia entre discurso y práctica.
La Cuarta Transformación prometió no mentir, no robar y no traicionar. Pero después de casi ocho años en el poder, lo que vemos con demasiada frecuencia es un gobierno que descalifica toda crítica, protege a sus cercanos, improvisa políticas públicas y convierte la narrativa ideológica en sustituto de resultados.
Sí, existen avances y programas que han beneficiado a sectores históricamente olvidados. Sería absurdo negarlo. Pero también es evidente que las malas decisiones, la polarización permanente y el debilitamiento institucional terminan pesando cada vez más.
México no necesita propaganda patriótica ni enemigos imaginarios. Necesita instituciones sólidas, educación seria, autocrítica política y gobiernos capaces de actuar con la misma severidad contra propios y extraños.
Porque cuando el poder deja de aceptar cuestionamientos, cuando la historia se convierte en propaganda y cuando la educación se administra desde la ocurrencia política, el problema ya no es solamente un partido.
El problema empieza a ser el país entero.
