Dicen que la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una cuota de poder. En San Luis Potosí, esa patología ha pasado de ser un rasgo de carácter a una política de Estado. La reciente cascada de reveses judiciales y administrativos no es coincidencia, es la consecuencia lógica de gobernar con las patas y pensar que el carisma mediático puede sustituir al Estado de Derecho.
La realidad tiene una forma muy cruda de imponerse, y hoy los frentes se le abren al Ejecutivo como grietas en una presa mal planeada.
El desfile de las omisiones
Primero, la reapertura del amparo contra el «Dinoasis» nos recuerda que el patrimonio público no es el jardín trasero de una herencia familiar. A esto se suman las sanciones al Congreso del Estado —esa oficina de trámites del gobernador— por su sistemático desacato al cumplimiento de las consultas ciudadanas. Pareciera que para la «gallardía», la participación de la gente es un estorbo que se resuelve con ignorancia y soberbia.
Pero el descuido no solo es jurídico; es ambiental y financiero: en Villa Hidalgo: Las multas impuestas por Profepa debido a las omisiones ambientales en la construcción de la carretera no son «ataques de la oposición», son el resultado de construir sin rigor, apostándole al hecho consumado antes que a la legalidad.
En la Presa Las Escobs, quizás uno de los fracasos más vergonzoso sea la cancelación de recursos de Conagua. Perder inversión federal por la incapacidad de presentar proyectos ejecutivos serios es una negligencia criminal en un estado que agoniza por falta de agua.
El mensaje que mandan los tribunales y las instituciones federales es contundente: la voluntad del «señor» no es ley. Podrán repartir despensas para anestesiar conciencias y pagar ejércitos de bots para aplaudir el vacío, pero la administración pública no se gestiona en la Fenapo ni en redes sociales, se gestiona con expedientes, técnica y respeto a la norma.
Gobernar a base de ocurrencias, caprichos de fin de semana y desplantes de virreinato tiene un costo que el estado ya no puede ocultar. Al gobernador se le olvida que el poder es transitorio y que, cuando la protección del cargo se agote, lo único que quedará será el rastro de sus torpezas jurídicas y el desfalco de las oportunidades perdidas.
La soberbia es una factura que San Luis Potosí está pagando hoy, pero que la historia le cobrará a él, con intereses, mañana. Porque al final del día, ni todo el «verde» del mundo alcanza para tapar el rojo de una gestión que, de tan gallarda, terminó siendo simplemente incompetente.
