El alcalde Marcelino Bautista Rincón enfrenta un creciente escrutinio público luego de que grupos ciudadanos denunciaran la presencia de Román Azúa Campos, un exconvicto con antecedentes por violación y acoso a un menor, en un puesto clave del departamento de Agua Potable del Ayuntamiento. Las acusaciones apuntan a que este funcionario, junto con otros, influiría en la asignación de obras públicas con fines de lucro personal, poniendo en riesgo la transparencia municipal.
Según los denunciantes, Azúa Campos —quien habría trabajado previamente para la empresa Gusi— cumplió una condena de 13 años en prisión antes de integrarse a la administración actual. Su incorporación al gobierno municipal ha generado indignación, especialmente por la gravedad de sus delitos. Además, colectivos ciudadanos advierten que estos funcionarios mantendrían al alcalde Bautista Rincón como «rehén» de sus intereses, desviando recursos públicos y tomando decisiones opacas.
Ciudadanos del municipio demandan una revisión exhaustiva de los perfiles laborales dentro del Ayuntamiento, así como auditorías independientes para garantizar el uso ético de los fondos. «No es tolerable que personas con historiales delictivos ocupen cargos de confianza. Esto compromete la seguridad y la legalidad», declaró un portavoz de la agrupación Tamuinenses por la Transparencia.
Hasta ahora, el alcalde no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones, lo que ha incrementado la presión social.
