La periodista y directora de medios de comunicación, Anahí Torres González, alertó públicamente sobre una presunta estrategia de intimidación y criminalización en su contra, derivada de su labor informativa crítica e independiente en el estado de San Luis Potosí.
A través de un comunicado urgente, Torres González informó haber tenido conocimiento de actuaciones ministeriales en las que se vincula su nombre con investigaciones por el delito de «contra la identidad de las personas, por uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial». Según expuso la comunicadora, estos procedimientos ya han derivado en la ejecución de órdenes de aprehensión contra otras personas relacionadas con la misma causa penal.
Alertan por «precedente peligroso» y uso faccioso institucional
La periodista señaló que la principal alarma no radica únicamente en las indagatorias, sino en el contexto de presión política que viven las voces críticas y los comunicadores independientes que cuestionan las decisiones del gobierno estatal. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que la Fiscalía General del Estado actúe bajo dinámicas de utilización selectiva del aparato penal.
«La utilización expansiva de figuras penales relacionadas con inteligencia artificial y contenido digital puede convertirse en un precedente sumamente peligroso para la libertad de expresión en México».
Torres González detalló que cuenta con antecedentes graves de riesgo por su ejercicio periodístico, los cuales incluyen un atentado previamente documentado y denunciado. Debido a esta situación, mantiene comunicación y acompañamiento con instancias federales de protección a periodistas.
Ante el temor fundado de sufrir una privación ilegal de su libertad, la periodista confirmó el inicio de acciones legales de defensa constitucional, entre las que destaca la promoción de una demanda de amparo federal para salvaguardar sus derechos humanos y garantías individuales. Manifestó también que este proceso le ha generado severas afectaciones personales, profesionales y perjuicios económicos debido a los costos de asesoría jurídica y mecanismos extraordinarios de protección.
Finalmente, la comunicadora hizo un llamado urgente a las autoridades federales, mecanismos de protección, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que vigilen de cerca la situación del estado. «La democracia no puede sostenerse cuando investigar, opinar o cuestionar al poder comienza a convertirse en un riesgo penal», concluyó.
