Inspectores de las direcciones de Comercio y Protección Civil de Rioverde, cobijados por un despliegue de elementos policiales, colocaron sellos de suspensión en los accesos de una propiedad privada ubicada en el ejido Puente del Carmen. Los funcionarios locales ejecutaron la inhabilitación del inmueble mediante los folios informativos 0518, 0519 y el oficio comercial 0402, argumentando supuestas anomalías de seguridad y ordenamiento. Hasta este momento, la administración municipal ha guardado hermetismo y no emite un desglose oficial sobre las infracciones exactas que motivaron el cierre del lugar.
La intervención oficial ocurrió apenas veintidós horas después de que los organizadores difundieran en plataformas digitales la convocatoria para una junta política en dicho espacio. La propietaria del inmueble, Iris Gallegos, prestó de manera voluntaria los jardines del recinto —utilizados ordinariamente para reuniones estrictamente familiares— con el fin de albergar la asamblea informativa del grupo GESA, una organización civil y política vinculada al empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya que programó su evento masivo para el próximo sábado.
Para justificar la colocación de las franjas de restricción y frenar las actividades logísticas previas al mitin, la coordinación de Protección Civil local invocó el artículo 270 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí. Debido a la inmediatez del operativo tras el anuncio del acto político y la falta de un pliego de observaciones previo, los coordinadores del movimiento calificaron el acto como una medida de bloqueo institucional, mientras las fuerzas del orden custodian los accesos de la finca clausurada para evitar cualquier concentración ciudadana.
