La docente Romana Arriaga Contreras denunció públicamente ser víctima de una presunta red de corrupción, violencia vicaria y abusos institucionales en San Luis Potosí, señalando como principal responsable a su expareja, el empresario Francisco Javier “N”, a quien acusó de utilizar influencias políticas y económicas para afectar su patrimonio y manipular procesos judiciales en su contra.
En su testimonio, la denunciante aseguró que el empresario, identificado como proveedor del Gobierno del Estado, habría utilizado supuestos vínculos con funcionarios estatales para obtener ventajas dentro del sistema de justicia local. Entre los señalados por Arriaga Contreras se encuentran el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares.
La afectada afirmó que ha sido objeto de violencia institucional mediante la apertura de presuntas carpetas de investigación irregulares y actos de revictimización. Además, acusó que bienes familiares habrían sido apropiados de manera indebida por exmandos policiales vinculados al caso.
Romana Arriaga también denunció haber sufrido agresiones físicas, violencia sexual y amenazas presuntamente realizadas por personas armadas, situación que —aseguró— ha puesto en riesgo tanto su integridad como la de sus hijos.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, solicitó la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como de la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y se investiguen las acusaciones contra autoridades estatales.
Finalmente, la docente responsabilizó a autoridades locales de cualquier situación que pudiera afectar su seguridad o la de su familia, al considerar que no existen garantías de protección ni condiciones de imparcialidad en las instituciones estatales encargadas de impartir justicia.