Lo de Ignacio Segura Morquecho ya no es política; es arqueología del peor priismo, pero pintada de verde tucán. El dirigente estatal del Partido Verde ha decidido que la discreción es un lujo que no se puede permitir y, en un despliegue de soberbia institucional, ha convertido las giras de «apoyos» gubernamentales en su propia pasarela de proselitismo personal.
Ya no se trata de sospechas o de «fuego amigo». Estamos ante un patrón sistémico y podrido: el uso descarado de programas financiados con el dinero de todos los potosinos para engordar las filas de un partido que confunde el presupuesto público con una caja chica electoral.
Lo que resulta especialmente ofensivo es la ubicuidad de Segura Morquecho. El dirigente aparece en municipios que su partido ni siquiera gobierna, pavoneándose como si fuera el dueño del territorio y el dador único de la gracia estatal. Es la maquinaria abierta y burda: visitas «institucionales» que, a kilómetros de distancia, despiden el hedor de la coacción política.
El dato: En municipios como Villa de Reyes, la escena es casi caricaturesca. Ahí vemos a Segura Morquecho, abrazado a personajes como Alfredo Téllez, operando el reparto de recursos como si fueran dádivas privadas. La foto no es una estampa de coordinación, es la prueba de una red de control que se cobra factura en las urnas.
Un expediente que ya no cabe en el cajón
El problema para los operadores del Verde es que el «gandallismo» ha sido tan ruidoso que el eco ya llegó a la Ciudad de México. En la Federación, donde no siempre compran los espejitos que se venden en lo local, el expediente sobre San Luis Potosí está «gordo».
- Evidencia física: Fotografías que vinculan la entrega de programas con iconografía partidista.
- Testimonios: Ciudadanos que, cansados del chantaje, comienzan a señalar el condicionamiento de los apoyos.
- Delito electoral: El uso de recursos públicos con fines proselitistas tiene nombre y apellido en el Código Penal.
A medida que se acercan las elecciones, el pudor se fue al carajo. La narrativa de «justicia social» se desmorona cuando la ayuda llega con un chaleco de partido y una promesa implícita de lealtad electoral. No están haciendo campaña; están operando una red de compra-coacción con la frente en alto y el cinismo por bandera.
Es ingenuo pensar que esto se resolverá con una foto sonriente o una llamada de cortesía. El nivel de exposición es tal que las autoridades electorales ya los tienen bien fichados. Al final, el «Verdismo» potosino deberá entender que usar el erario como arma política no es audacia, es un delito con recibo firmado.
