Organizaciones civiles y representantes de la comunidad con discapacidad acusaron que las autoridades estatales y legislativas continúan incumpliendo con su obligación de realizar consultas reales, efectivas y participativas antes de aprobar leyes, programas y planes públicos.
Integrantes de Hermenéutica Centro de Enseñanza para Sordos A.C., Vista Hermosa, Cambio de Ruta y la Coalición Movilidad Segura señalaron que tanto el Plan Estatal de Desarrollo como la preparación de la Ley de Movilidad Segura presentan omisiones graves, pues los procesos de consulta son meramente simulación o deficientes.
Luis González Lozano, de Cambio de Ruta, subrayó que legislar sin escuchar directamente a quienes afecta vulnera tratados internacionales y normas nacionales, además de contradecir resoluciones judiciales que ya han dado la razón a colectivos inconformes. Recordó el caso del Plan Estatal de Desarrollo, donde un juez federal determinó que la supuesta consulta solo mostró una “apariencia” de participación ciudadana.
Las organizaciones advirtieron que mantener estas prácticas perpetúa la exclusión de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, a pesar de los compromisos legales que obligan al Estado a garantizar su participación efectiva en las políticas públicas.
