Con 20 votos a favor, Giovanna Argüelles fue reelegida para estar al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hasta el 30 de marzo de 2029.
Su gestión al frente de la institución ha dejado a una CEDH debilitada, cuestionada y a la deriva. Tanto en su funcionamiento interno como en su papel frente a la sociedad como garante de los derechos humanos y contrapeso del poder, la Comisión opera prácticamente como un órgano inexistente.
Durante los últimos tres años, diversas organizaciones han señalado de manera reiterada que en San Luis Potosí existe una grave situación de violación a los derechos humanos, la cual se ha venido agravando día con día.
Lo más preocupante —se ha recalcado— es que en la entidad, tanto elementos civiles como integrantes de la Guardia Civil, vinculados a tareas de seguridad, continúan practicando la tortura.
Además, persisten violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres, cuya expresión más dramática es el elevado número de feminicidios. También se registran agresiones y violaciones a los derechos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Otro señalamiento recurrente es el grave problema de la desaparición forzada. De acuerdo con cifras oficiales, en el estado hay alrededor de 2,000 personas desaparecidas.
En este contexto, en lugar de celebrar su triunfo en compañía del gobernador Ricardo Gallardo y de José Guadalupe Torres Sánchez, la presidenta de la CEDH debería iniciar una queja de oficio en defensa de maestros, maestras, padres de familia y, sobre todo, de niñas y niños de un plantel en Tamazunchale, quienes han sido objeto de amenazas por parte del gobierno gallardista y del Partido Verde.
¿Para qué simulan elecciones en los organismos que deberían ser contrapeso del gobierno dictatorial de Ricardo Gallardo Cardona?
