Los diputados locales asumieron la responsabilidad de perfeccionar las leyes electorales para evitar la falsificación de identidades en las cuotas asignadas a minorías de cara a las elecciones de 2027. La consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Graciela Díaz Vázquez, explicó que el Poder Legislativo analiza actualmente las propuestas normativas para blindar las candidaturas sexogenéricas. El objetivo principal de los legisladores consiste en establecer un método certero que acredite la pertenencia de los aspirantes a la comunidad de manera legal y transparente.
El marco legal vigente en San Luis Potosí ya obliga a los partidos políticos a postular fórmulas integradas por personas de la diversidad sexual, una regla que las autoridades aplicaron desde el pasado proceso de 2024 junto con los espacios reservados para población indígena y personas con discapacidad. Sin embargo, la efectividad del modelo depende ahora de la fórmula de validación que elijan los congresistas. Díaz Vázquez aclaró que no existe una estrategia única a nivel nacional, por lo que los diputados locales revisarán un mapeo de las medidas utilizadas en otras entidades antes de dictaminar la opción idónea.
El organismo electoral autónomo descartó por el momento la entrega de propuestas o documentos adicionales al Parlamento potosino, ya que el paquete de reformas enviado a finales del año pasado recopila toda la experiencia técnica recabada tras los comicios previos. Los integrantes del Consejo Electoral precisaron que la soberanía legislativa posee toda la información necesaria en sus manos y confirmaron que, hasta la fecha, el Congreso del Estado no ha emitido una invitación formal para integrar a los consejeros a las mesas de debate técnico.
El Ceepac permanecerá atento a cualquier convocatoria para abrir mesas de diálogo antes del 30 de junio, fecha límite en la que concluye el periodo ordinario de sesiones y en la que debe quedar aprobada la nueva Reforma Electoral. Las autoridades electorales consideran indispensable coordinar esfuerzos de último momento con los legisladores para detallar los candados operativos que impedirán que actores políticos simulen pertenecer a colectivos vulnerables para obtener registros de forma ventajosa.
