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Diputados potosinos chocan por plan federal para revisar perfiles de candidatos hacia 2027

Diputados de San Luis Potosí debaten sobre la propuesta federal para que el INE evalúe la integridad de los candidatos que competirán en las elecciones de 2027.

El anuncio de una nueva estrategia del Gobierno federal para examinar la integridad de quienes aspiren a cargos públicos en 2027 desató opiniones divididas en el Congreso de San Luis Potosí. Aunque los legisladores locales respaldan unánimemente la urgencia de implementar filtros de seguridad en los procesos electorales, mantienen discrepancias profundas sobre las facultades, la obligatoriedad y el alcance real que tendrá el Instituto Nacional Electoral (INE) en estas inspecciones.

El legislador de Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera, coincidió en que resulta urgenteblindar las elecciones y frenar la posible intromisión de la delincuencia organizada en las boletas. Sin embargo, advirtió que el marco legal debe precisar detalladamente las funciones del INE, ya que el organismo electoral afronta barreras jurídicas para acceder de forma directa a expedientes penales y necesita coordinarse estrictamente con las fiscalías y las corporaciones de seguridad.

Por su parte, el congresista de Morena, Carlos Arreola Mallol, defendió el diseño de estos esquemas de control y recordó que su partido ya somete a sus aspirantes a auditorías internas operadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. A pesar de ello, el diputado aclaró que la intervención del INE bajo ninguna circunstancia debe operar como un requisito obligatorio o restrictivo para el registro de candidaturas, por lo que sugirió limitar las indagatorias gubernamentales exclusivamente a las declaraciones fiscales y la evolución patrimonial de los políticos.

En una postura de respaldo al proyecto, el representante de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, vio de manera positiva la fiscalización de perfiles por parte de la autoridad electoral para inyectarle transparencia a las elecciones. El legislador remarcó que el diseño final de este filtro debe anular cualquier tipo de criterio discrecional para evitar persecuciones políticas, además de tomar en cuenta la capacidad técnica y presupuestal del instituto electoral antes de asignarle nuevas obligaciones de investigación.

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