El exalcalde de la capital potosina y actual diputado federal plurinominal, Ricardo Gallardo Juárez, declaró ante medios de comunicación que fue víctima de un presunto fraude electoral en los comicios de 2018, en los que buscaba la reelección y donde los resultados oficiales le fueron adversos.
Durante sus declaraciones, el legislador señaló al exgobernador Juan Manuel Carreras como uno de los actores involucrados en las supuestas irregularidades. No obstante, el proceso electoral de ese año concluyó con una diferencia amplia en las votaciones, lo que marcó el fin de su administración al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Las afirmaciones han reactivado el debate público en torno a su gestión municipal (2015-2018), periodo en el que diversas instancias documentaron observaciones administrativas, financieras y electorales. Entre los casos señalados destaca el de una proveedora identificada como Sandra Sánchez Ruiz, quien habría recibido más de 34 millones de pesos por la venta de medicamentos, situación que generó cuestionamientos sobre su existencia y operaciones.
Asimismo, se documentó un esquema irregular conocido como “la nómina maestra”, en el que se detectaron pagos a un trabajador que ya no formaba parte de la administración municipal. De acuerdo con reportes, esta práctica se extendió durante varios periodos quincenales, generando un presunto desvío millonario.
En materia electoral, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) determinó en 2017 que el entonces alcalde incurrió en promoción personalizada, lo que implicó violaciones al artículo 134 constitucional. La resolución incluyó observaciones sobre el uso de recursos públicos en publicidad y programas sociales.
Por su parte, la Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió diversas observaciones relacionadas con el manejo de recursos municipales, incluyendo inconsistencias en rubros como predial, ayudas sociales, remuneraciones y deuda pública. A ello se suma la omisión en el pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por más de 101 millones de pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública 2016.
Además, durante y después de su administración se presentaron denuncias ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado —hoy Fiscalía— por presunto enriquecimiento ilícito y otros actos relacionados con el ejercicio de recursos públicos. Varias de estas denuncias no registraron avances significativos en su momento.
Las recientes declaraciones de Gallardo Juárez se dan en un contexto donde persisten debates sobre rendición de cuentas y evaluación de gobiernos municipales pasados, así como sobre la vigencia de los procesos legales vinculados a dichos casos.
