La Comisión Estatal del Agua (CEA) comenzó a recabar información en los municipios para consolidar un registro oficial de camiones cisterna en San Luis Potosí. Esta medida busca ordenar un servicio del que dependen miles de familias ante la escasez de suministro por red hidráulica. El director de la dependencia, Pascual Martínez Sánchez, informó que ya enviaron los primeros oficios a los ayuntamientos para identificar las unidades activas y localizar sus zonas de abastecimiento, aunque el proyecto todavía no cuenta con una fecha de finalización establecida.
El plan institucional busca verificar que las unidades y los pozos de extracción respeten los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-127, la cual determina la calidad del líquido para el consumo humano. Las autoridades estatales pretenden erradicar los puntos de carga clandestinos que operan sin supervisión oficial, ya que estas instalaciones irregulares representan un peligro sanitario directo para la población potosina. Sin embargo, la dependencia estatal reconoció que todavía carece de un diagnóstico cuantitativo sobre cuántos sitios operan al margen de la ley actualmente.
Debido a que el artículo 115 constitucional otorga a los municipios la responsabilidad directa del agua potable, la CEA actúa únicamente como un coordinador técnico del proceso. Martínez Sánchez enfatizó que el avance de la regularización depende por completo de la disposición de los alcaldes para compartir sus bases de datos. Sin el apoyo de los gobiernos locales, el organismo carece de facultades legales para intervenir de forma unilateral en las flotillas de transporte o aplicar las condiciones de seguridad sanitaria necesarias.
Esta fiscalización arrastra un retraso histórico, pues el Congreso del Estado aprobó desde junio de 2019 diversas reformas a la Ley de Aguas para vigilar la venta de agua en vehículos cisterna. Aquella legislación otorgó facultades para emitir permisos oficiales, aplicar sanciones económicas y fijar topes a los precios con el fin de frenar abusos comerciales. A casi siete años de la vigencia de dicha reforma, el estado todavía carece de un control real, obligando a los ciudadanos a consumir agua sin mecanismos que certifiquen su procedencia o su pureza.