Bajo un barniz de portales culturales y de entretenimiento, se esconde una maquinaria de manipulación mediática financiada, paradójicamente, por el erario público. En el centro de este esquema aparece Gabriel Moreno Rodríguez, un personaje que opera en las sombras que ha logrado capitalizar su cercanía con el poder para operar una red de «guerra sucia» que atenta contra la integridad de periodistas, instituciones educativas y opositores políticos.
Moreno Rodríguez, exdirector de Contrarréplica, ha consolidado su influencia a través de Grupo One Multimedia Center Click y Del Potosí Comunicaciones. Según el Registro Público de Comercio, en julio de 2025 el comunicólogo formalizó su participación accionaria en estas empresas, las cuales gozan de jugosos convenios publicitarios con el Gobierno del Estado, el Congreso local y ayuntamientos afines como Soledad de Graciano Sánchez.
Sin embargo, detrás de portales como Yo Amo San Luis y Contexto Potosino, la realidad es menos amable. La estrategia es clara: utilizar contenido «vívido» (turismo y espectáculos) para inflar audiencias mediante el uso sistemático de bots. Perfiles falsos con fotos de stock y comentarios genéricos no solo simulan una popularidad inexistente, sino que sirven como brazo ejecutor para difundir campañas de desinformación en páginas ligadas como Digital SLP y Ave Nocturna.
Objetivos en la mira
La red de golpeteo no discrimina, siempre que el objetivo represente un obstáculo para los intereses del grupo en el poder. Entre las víctimas de estos ataques orquestados se encuentran:
- Instituciones: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y su rector, Alejandro Zermeño.
- Oposición: Ayuntamientos de la capital potosina, Matehuala y Santa María del Río.
- Sociedad Civil: Periodistas y activistas críticos.
El rastro del dinero y el «error» de los datos
La sofisticación de la red se desmorona ante la evidencia digital. Para pautar publicidad en las plataformas de Meta, se requiere un responsable legal.
Es aquí donde también surge el nombre de Daniel Chávez, quien fungiera como coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado tras la salida de Yoali Andrade. Este vínculo directo sugiere una colusión sistémica: el uso de recursos y perfiles humanos incrustados en la nómina pública para alimentar una estructura de ataque mediático.
Hoy, el número de Chávez ha sido dado de baja de plataformas como WhatsApp, en un intento por borrar un rastro que, no obstante, permanece activo en los registros de transparencia de las empresas tecnológicas.
Resulta alarmante que, mientras Chávez ostentaba un cargo público de primer nivel en el Poder Legislativo, su número telefónico personal —el mismo contacto oficial con la prensa— fuera utilizado para registrar los descargos de responsabilidad de anuncios destinados a desprestigiar a colegas y gobiernos municipales.
