El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicó a San Luis Potosí en la décima posición nacional por la frecuencia de delitos cometidos por servidores públicos. Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025) arrojan que 16 mil 720 personas sufrieron malas prácticas por cada 100 mil habitantes al realizar gestiones oficiales. Con esta cifra, la entidad comparte los primeros lugares del indicador junto a estados como Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo.
Los datos recientes muestran un retroceso en comparación con el estudio de 2023, periodo en el que el estado registraba 15 mil 617 afectados bajo el mismo muestreo. La incidencia delictiva general también escaló durante este lapso, pues el organismo autónomo contabilizó un promedio de 29 mil 523 abusos en diferentes trámites públicos por cada 100 mil ciudadanos, superando la cantidad de 27 mil 001 casos que se presentaron dos años antes.
Este panorama estadístico coincide con el descontento de la población, ya que el 78.8 por ciento de los encuestados calificó como habituales las anomalías dentro de las dependencias estatales. La ciudadanía percibe un entorno vulnerable frente al actuar de los funcionarios, lo que reduce los niveles de confianza institucional y coloca la problemática como una de las principales preocupaciones en el territorio potosino.
A nivel nacional, el Inegi detectó que los ciudadanos enfrentan los mayores riesgos de extorsión o malas prácticas durante el contacto con autoridades de seguridad pública. De igual forma, las solicitudes de licencias de propiedad, las gestiones de educación superior y los trámites de jubilación o pensiones concentran los porcentajes más altos de experiencias delictivas para los usuarios de servicios gubernamentales.
