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Gobierno federal alista padrón público para vetar a empresas y personas que dañen el entorno natural

Semarnat alista una reforma para crear el Registro de Infractores Ambientales, un padrón público que vetará hasta por 10 años a destructores de ecosistemas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prepara una reforma estructural a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para crear el Registro de Infractores Ambientales, un listado público en internet que exhibirá a personas físicas y morales sancionadas por faltas graves. El anteproyecto de esta iniciativa, que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, representa la primera actualización integral a esta legislación desde 1996 e introduce severos castigos administrativos, como negar permisos, concesiones o subsidios públicos por un periodo de siete a 10 años a quienes aparezcan en el padrón.

La Procuraduría Federal de Justicia Ambiental —nombre que adoptará la actual Profepa— administrará esta plataforma digital. El sitio detallará el nombre del responsable, el ecosistema dañado y las leyes violadas ante conductas como la tala ilegal, la destrucción de manglares, el manejo irregular de residuos peligrosos y la provocación de incendios forestales. No obstante, el documento prevé que los sancionados reduzcan su tiempo de permanencia en la lista hasta la mitad si cumplen con las medidas correctivas y reparan el daño.

El proyecto, delineado por la secretaria Alicia Bárcena tras mesas de trabajo con legisladores, destaca también por introducir la protección legal y la reserva de identidad para los defensores de derechos humanos ambientales. Con esta medida, el sector ambiental y las fuerzas de seguridad adquieren la obligación coordinada de prevenir, investigar y castigar agresiones o amenazas contra activistas y comunidades protectoras del entorno.

La reforma moderniza el marco normativo de 1988 al regular la contaminación lumínica, proteger a las especies polinizadoras y otorgar autonomía técnica a la Conabio como organismo público descentralizado. Adicionalmente, el texto integra herramientas de evaluación de infraestructura desde fases tempranas y reconoce el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y afromexicanos mediante enfoques de economía circular y soluciones basadas en la naturaleza.

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