El Congreso del Estado de San Luis Potosí sostendrá una reunión de trabajo con personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de definir cómo avanzará en las consultas obligatorias dirigidas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas con discapacidad, ante las limitaciones presupuestales que enfrenta el Poder Legislativo.
El diputado Héctor Serrano Cortés informó que el encuentro está programado para el próximo 26 de mayo y servirá para revisar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales pendientes relacionadas con estos mecanismos de participación.
El legislador reconoc que la falta de recursos económicos continúa como uno de los principales obstáculos para organizar las consultas exigidas por la Corte, debido a los costos logísticos, operativos y de coordinación que implican.
La SCJN ordenó que estos ejercicios se realicen dentro del año posterior a la conclusión del proceso electoral judicial celebrado en junio de 2025, cuando por primera vez la ciudadanía eligió mediante voto a integrantes del Poder Judicial.
Además, el Congreso local debía informar antes del 30 de marzo de 2026 cuál sería la ruta y el mecanismo que utilizaría para desarrollar las consultas, requisito que forma parte del cumplimiento judicial solicitado por la Corte.
A las dificultades financieras se suman los tiempos establecidos en la legislación estatal. Las normas vigentes señalan que las consultas indígenas deben acordarse con autoridades tradicionales con al menos 30 días de anticipación, por lo que el proceso no puede desarrollarse de manera inmediata.
Una vez concluidos los ejercicios de participación, el Congreso también deberá entregar oficialmente los resultados en un plazo máximo de 60 días naturales.
Las consultas son consideradas obligatorias antes de aprobar reformas relacionadas con derechos de pueblos indígenas, personas con discapacidad y modificaciones en materia electoral.
En paralelo, el Congreso mantiene el objetivo político de concluir la reforma electoral durante este año para que pueda aplicarse en el proceso electoral de 2027.
