El Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para detectar y frenar la postulación de candidatos con nexos con la delincuencia organizada. La propuesta, anunciada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pasará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para arrancar su proceso legislativo.
El proyecto plantea crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) que conformarán cinco consejeros electorales por periodos de tres años. Este grupo funcionará como un puente directo entre los partidos políticos que se inscriban voluntariamente y las principales dependencias de seguridad y procuración de justicia del país.
Para emitir sus alertas, la comisión consultará bases de datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Mediante este cruce de información, las autoridades buscarán identificar cualquier «riesgo razonable» o sospecha fundada de vínculos ilícitos en los perfiles de los aspirantes.
La meta de esta reforma es dotar a los partidos de información clave sobre sus aspirantes antes de las elecciones de 2027, permitiéndoles frenar nominaciones de riesgo. Con esta herramienta, el gobierno federal busca blindar los procesos democráticos y evitar que el crimen organizado financie o impulse perfiles a cargos de elección popular.
