El reciente traslado de Rafael Caro Quintero y otros criminales de alto perfil a Estados Unidos ha sido justificado por el gabinete de seguridad con explicaciones confusas y contradictorias. Lejos de ofrecer claridad, las declaraciones oficiales han dejado más preguntas que respuestas.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que no fue una extradición, sino una «entrega» basada en la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, un análisis de dicha legislación demuestra que no contempla la posibilidad de expulsar a ciudadanos sin seguir el debido proceso de extradición. Para estos casos, existen leyes y acuerdos internacionales, pero bajo la administración de Trump y la 4T, las normas parecen haberse convertido en simples formalidades prescindibles.
Por su parte, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la decisión se tomó porque había jueces que liberarían a estos delincuentes. No obstante, no presentó ninguna evidencia que respaldara su acusación. ¿Quiénes eran esos jueces? ¿Qué pruebas tenían? Nada se explicó, pero el señalamiento encaja en la constante estrategia gubernamental de desacreditar al poder judicial.
A pesar de los intentos del fiscal, el secretario de seguridad y los titulares de defensa y marina por justificar esta operación, el trasfondo parece claro: se trató de un acuerdo político con la administración de Donald Trump. No se respetaron los procedimientos legales ni la soberanía nacional, sino que se privilegió un beneficio diplomático o político.
El discurso oficial podrá seguir enredándose en explicaciones inconsistentes, pero la realidad es evidente: el gobierno actuó al margen de la ley para satisfacer intereses externos.
